Detalló que cohecho pasivo agravado es un tipo penal puede ser atribuida a un árbitro o juez “que está ahí para resolver una cuestión y tiene que haber un beneficio económico, dinero de por medio ofrecido o recibido”. Así mismo, criticó que a su defendido lo imputen por asociación criminal, ya que “esta debe ser estructurada y con logística”.
En ese orden, señaló que en la carpeta fiscal no se menciona cuál es la conducta atribuida a González Daher. “¿Qué hizo para que lo imputen por asociación criminal? ¿qué hizo para decir que hay cohecho o tráfico de influencias? Dicen que hay unos comentarios que hacía (Raúl Fernández) Lippmann y tratan con eso de justificar esta imputación”, expresó en comunicación con La Unión R800 AM.
Sostuvo que los audios en los que se lo vincula al ex legislador en casos de tráfico de influencias no pueden constituirse en evidencias porque fueron conseguidos ilícitamente. “No se trata de la violación del artículo 33 (Del derecho a la intimidad, Constitución Nacional)”, sino que al presunto implicado le fue violado el artículo 36 de la Carta Magna (Del derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada). “Acá estamos analizando la intercepción de un teléfono donde ilícitamente se grabaron conversaciones privadas y en la carpeta fiscal no existe una orden judicial que haya ordenado estas grabaciones”, aseveró la letrada.
Aclaró que entiende que mediante los audios de igual manera se pueden tomar los hechos como ‘notitia criminis’, pero solo como indicio, ya que tienen que ser acompañados por otros elementos “y yo no encontré ni un solo en la carpeta fiscal, no hay una declaración, una denuncia, no hay nada” (sic). Detalló que en la investigación están incluidos pedidos de audios a la radioemisora que los publicó, así como declaraciones de miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), como Adrián Salas y Cristian Kriskovich, pero que, según Parquet, “no dicen absolutamente nada y aún así imputaron”.
La abogada dijo que la presentación de pedido de renuncia, así como la pérdida de su investidura, situaciones llevan a pensar que sí estuvo involucrado en tráfico de influencias, son solo “políticos, no son hechos jurídicos”.