Mediante amparo, abogados piden datos sobre selección para Fiscalía ocultados por Consejo de la Magistratura

Ezequiel Santagada, integrante del grupo de abogados Impulsor de Acceso a la Información, informó en comunicación con La Unión R800 AM acerca del amparo presentado contra el Consejo de la Magistratura, de modo a obtener datos ocultados por este ente estatal en lo que refiere a la elección de la terna para la Fiscalía General del Estado.

Señaló que ya el pasado 28 de agosto presentaron un pedido al Portal Unificado de Acceso a la Información con el objetivo de que el Consejo de la Magistratura brinde datos acerca de la terna elegida. “Les enviamos siete preguntas. Sin embargo, solo nos respondieron dos”, afirmó, añadiendo que las contestaciones correspondieron a la copia del acta de selección y los puntajes obtenidos por cada uno.

En contrapartida, indicó que “nos negaron los tests psicotécnicos, la opinión del Tribunal de Honor, los respaldos de los gastos que se realizaron, no nos informaron acerca de cuáles fueron los criterios mediante los que se hicieron las ponderaciones para seleccionar a los tres ternados y tampoco nos dieron datos sobre el perfil de candidato ideal que consideran para Fiscal General del Estado”.

Afirmó que la petición está basada en el artículo 28 de la Constitución Nacional (del derecho a informarse) y en la Ley 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”. Además señaló que invocaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José de Costa Rica.

Con respecto al Tribunal de Honor, manifestó que le informaron que la opinión de este órgano es de carácter secreto, “lo cual es flagrantemente inconstitucional”.

El recurso, radicado con el patrocinio de los abogados María Jesús Bogado de Schubeius, María Victoria Rivas, Iván Rodrigo Medina González y Juan Pablo Fernández Bogado, fue derivado al juzgado en lo civil y comercial, a cargo de la jueza Karen González.

Santagada aseveró que los amparistas piden que se ordene al Consejo entregarles o publicar en el Portal Unificado de Acceso a la Información Pública todos los datos requeridos.

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