La Unión R800 AM

La voluntad de fraude

Por Enrique Vargas Peña

Enrique Vargas Peña. Periodista de La Unión R800 AM.

La voluntad de fraude
20 de enero de 2017 - 19:41

 

 

Los propios organizadores de la recolección de supuestas firmas para la inconstitucional reelección vía enmienda reconocen, hasta el momento de escribir este material, más de setenta y tres mil firmas falsas, de muertos, fabricadas, entre las que presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el pasado viernes 13 de enero.

Eso sin contar las planillas, que se cuentan por miles, fabricadas en serie, hechas en laboratorio, completadas por una misma persona, mediante las que el grupo Cartes y sus dependientes en la Asociación Nacional Republicana (ANR, partido Colorado) usurpan los nombres de una enorme cantidad de personas que serán validadas como apoyando el golpe de la reelección vía enmienda por el simple expediente de no establecer mecanismos objetivos de depuración general.

Me explico: El TSJE y el Ministerio Público no revisarán, repito, no revisarán, la autenticidad de las planillas sino que solamente actuarán ante denuncias personales, por lo que los electores incluidos en forma inconsulta en las planillas serán tenidos como apoyando el golpe por el sólo expediente de no poder, por cualquier motivo, hacer la protesta.

El grupo Cartes y sus secuaces incluyeron miles de nombres simplemente transcribiendo el padrón y miles de los incluidos que no puedan protestar serán considerados apoyos válidos para el golpe de Estado de Cartes.

Aunque el Ministerio Público decidió finalmente conformar un equipo para investigar las planillas fraudulentas fabricadas a favor de Cartes por sus subordinados en el partido Colorado (http://bit.ly/2jDQzrE), nadie debería abrigar muchas esperanzas considerando la impunidad de la que goza el entorno del presidente de la República en todos los negociados que se están realizando vía proyectos de alianza público privada, proyectos llave en mano y otros mediante los que los socios de Cartes aprovechan información privilegiada del Estado.

Recordaba el asesor jurídico del Senado, José Casañas Levi, en La Unión, que la fiscalía debió actuar de oficio, al aparecer en los medios de comunicación, indicios consistentes sobre la comisión de hechos de acción penal pública en la confección de planillas. Lo mismo sostuvo el senador Eduardo Petta.

El propio apoderado de la ANR, Wildo Almirón, reconoció en esta radio que la falsificación de firmas y hacer firmar a personas fallecidas constituyen delitos de acción penal pública; reconoció que los autores materiales deben ser castigados personalmente e incluso admitió que las justificaciones dadas por dirigentes de su sector a las falsificaciones fueron deslices muy desafortunados.

Pero el Ministerio Público no actuará en beneficio del pueblo paraguayo, que le paga los salarios, usando el expediente mencionado más arriba, de no hacer la revisión general y objetiva y limitarla a los pedidos de parte, un trabajo no sistémico diseñado para validar el fraude. La misma línea tiene el TSJE.

Es decir la voluntad de fraude de los autores de esta operación golpista quedará impune y sus documentos falsos se seguirán usando libremente para violar nuestra Constitución.

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