Indicó que el dinero destinado provino de la Ley Nº 5404 “especial de Compensaciones”, con la cual fueron beneficiados todos los municipios del Departamento de Canindeyú. La normativa establece en su artículo 4 que los montos transferidos deben ser invertidos en, entre otros rubros, obras de infraestructura, como turismo, urbanísticas, educación y salud.
Sobre el último elemento citado, dijo que salud tiene un concepto amplio y no solo debe apuntarse a cuestiones relacionadas a hospitales, sino también a “salud mental y espiritual”, haciendo referencia a que se respalda en enunciados de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Sin embargo, al mencionarle que la OMS no hace mención a la espiritualidad en sitio web oficial, de igual manera trató de mantener su postura, diciendo que son interpretaciones de su asesoría. Sobre el punto, intentó rectificarse, ya un tanto incómodo, aseverando que los jóvenes que acuden a las iglesias “se sienten bien”, por lo cual significa también salud mental.
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Dijo que él autorizó el destino de los millonarios montos a esas obras, pero que lo hizo bajo la solicitud de asociaciones. En este orden, señaló que lo hizo teniendo en cuenta que Salto del Guairá “tiene el estigma de una ciudad fronteriza y es vulnerable a todo tipo de delitos”. Sobre el punto, afirmó que las iglesias “han ayudado a la juventud”, indicando que el 80% de los jóvenes de la ciudad participan en catequesis y otras actividades religiosas.
Aseguró que tiene todas las documentaciones requeridas por la Contraloría con respecto al caso, garantizando que no realizó mal uso de los fondos.
La Contraloría General de la República estableció un plazo de 10 días hábiles a Haitter, para presentar informes sobre los más de G. 1.200 millones que destinó a la construcción y reparación de iglesias. Ahora, le queda una semana.