La fiscal María Victoria Acuña detalló en comunicación con La Unión R800 AM los motivos por los cuales decidió imputar a la exministra de la Defensa Pública, Noyme Yore, y a otras 15 personas. Indicó que la imputación se debió por la construcción de edificios para el asiento de la Defensoría Pública en varios departamentos del país, siendo en las ciudades de Horqueta, Concepción, Pedro Juan Caballero, San Estanislao, San Juan Bautista y Caacupé. “Ninguno de los contratos fue cumplido en el plazo que tenían las firmas en el plazo que se comprometieron a realizar”, señaló, agregando que esto ocasionó que se hagan modificaciones en los documentos.
Aseveró que, a pesar del incumplimiento de los contratos por parte de las empresas, no se les había exigido el pago de multas que prevían los contratos de construcción. “Los contratos vencieron en manos de los administradores, por lo que consideramos que hay suficientes sospechas como abrir formalmente un proceso”, argumentó.
El perjuicio patrimonial a la Defensoría Pública asciende a aproximadamente más de G. 5.000 millones.
Los demás imputados que figuran como autores cómplices o instigadores son: Carlos Francisco Barreto Burgos, Eulalio Quintana Armoa, Darío Amarilla Villalba, Germán Domingo Fatecha Feliu (expresidente de la ANDE), Vicente José Giardina Barreto, Hugo Manuel Benítez González, Néstor Daniel Villalba Mendoza, Adolfo Ortega, Esteban Daniel Rojas Benítez, Pablo López González, Juan Manuel López Martínez, Mario Javier Villalba Benítez, Aldo Hernán Delgado Machuca, Teófilo Espínola Peralta y Rodrigo Manuel Rotela Núñez.
Acuña manifestó que pidió para los mismos la notificación correspondiente, aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, prohibición de salida del país, obligación de comparecer ante el juzgado cada mes, caución real y las medidas que el juzgado considere necesarias.
Yore se desempeñó al frente de la Defensoría Pública entre los años 2013 y 2014.