El concejal de Asunción Rodrigo Buongermini, quien se encuentra investigado por las manifestaciones realizadas el pasado 31 de marzo en el Congreso Nacional y sus alrededores, asegura que existe notoria arbitrariedad en las investigaciones, cuestionando que la Fiscalía hizo públicas las imputaciones sin previamente haber notificado a las partes afectadas. “Hay una instrumentalización del Ministerio Público, que se está usando como un arma de chantaje y de persecución política”, dijo, refiriéndose a líderes del Movimiento Honor Colorado.
Señaló que el Ministerio Público lo imputó por perturbación a la paz pública. Sin embargo, indicó que, en el relato de lo ocurrido de la carpeta fiscal, “no aparezco en ningún momento y no aparece ninguna evidencia sobre mi participación en esos hechos. Solo en un material audiovisual en donde aparezco fuera del Congreso cantando”.
Con respecto al caso del ataque por parte de la Policía Nacional a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aseguró que “por cómo actúa el Ministerio Público, de no existir los videos de las cámaras de circuito cerrado, quién sabe qué iban a montar… Claramente se pretendió hacer un montaje para blanquear a quienes atropellaron el PLRA y para perseguir a otros”.
Anunció que, a través de sus abogados, iniciará un proceso de querella contra la Fiscalía General del Estado.
El concejal capitalino Rodrigo “Buye” Buongermini es uno de los 24 imputados por los disturbios del 31 de marzo contra la inconstitucional enmienda pro reelección, que había sido aprobada por 25 senadores.