El concejal asunceno Daniel Centurión (ANR) afirmó que él ya había desarrollado una política de eliminación de las calles de ‘limpiavidrios’, pero que cuando fue sacado de la Junta Municipal esos trabajos dejaron de hacerse. “Yo hice durante seis meses esa labor de aplicación de la ordenanza, que no solamente prohibía la presencia de estos trabajadores informales, sino también la integración de una mesa interinstitucional conformada por el Gobierno central y empresarios para poder darle todo el contenido social que necesita esta gente excluida”, explicó, añadiendo que “con 15 funcionarios llevé a cabo la ordenanza y no tuvimos un solo ‘limpiavidrios’ durante seis meses aproximadamente”.
Afirmó que todo funcionaba bien “hasta que me sacaron a mí de la cancha por una denuncia del concejal Federico Franco Troche (afín a Mario Ferreiro), quien argumentó que yo estaba ‘quebrando la institucionalidad’ y que estaba haciendo un trabajo en conjunto con otros funcionarios que no nos correspondían”. Manifestó que tras este episodio volvieron los ‘limpiavidrios’ paulatinamente hasta convertirse en la caótica situación de la actualidad.
El edil criticó que hoy en día Asunción esté “sitiada” por estos trabajadores informales, acusando a Mario Ferreiro, intendente capitalino, de no tener la más mínima voluntad política de aplicar la ordenanza. “Él se encuentra preso de su grupo político e ideológico”, cuestionó, recalcando: “A mí me dan 20 funcionarios, y si sus concejales no me denuncian ya otra vez por ‘quebrar la institucionalidad’ permitiéndome hacer el trabajo, yo aseguro que en una semana no habrá un solo ‘limpiavidrios’ en las calles”.
Centurión explicó que se realizó una extensa labor previa a la ordenanza que duró un año y medio. “Tuvimos en cuenta un censo, identificamos la población, establecimos alianzas con Gobierno central para capacitación, pactos con fundaciones para aquellas personas que estén consumiendo algún tipo de estupefaciente y se rehabiliten y además se coordinó con empresas privadas que puedan dar fuentes de trabajo a estas personas. O sea, se hicieron todos estos estudios para llegar a la prohibición”, expuso, lamentando que Ferreiro “los haya tirado al tacho”. “Evidentemente no le interesa este tema”, criticó, cuestionando al jefe comunal: “Si la ordenanza es inconstitucional como él dice, ¿por qué no recurre al Tribunal de Cuentas para pedir su anulación? No lo hace porque no tiene argumentos jurídicos. Es una cuestión totalmente política para él, que ni siquiera me invitó a la reunión de hoy con la Policía Nacional para que yo pueda comentarle por lo menos lo que fue mi experiencia con estos trabajadores informales”.
Con todo el lío actual, advirtió que si vuelve registrarse algún incidente entre un conductor y un ‘limpiavidrios’, “el ciudadano podrá denunciar, además de al que lo agreda, a Mario Ferreiro, por inacción”.